Se querellan contra falso médico que operaba en centros de salud de Valparaíso
El acusado, un ciudadano cubano que fue detenido el pasado viernes 7 por la PDI, quedó con arraigo nacional y firma mensual.
Casos como éste confirman la falta de control en algunas reparticiones del sistema de salud / Foto (referencial): ARCHIVO
La Municipalidad de La Calera presentó una querella criminal en contra de un ciudadano cubano de 40 años que fue formalizado por ejercer ilegalmente la profesión de médico en diversos centros de atención primaria y clínicas privadas de la Región de Valparaíso.
Ernesto Muñoz, del departamento jurídico del municipio, señaló que “la denuncia que realizamos permitió su detención. Hemos interpuesto una querella para que se apliquen sanciones ejemplares”.
Asimismo, el municipio inició una investigación interna para determinar responsabilidades en la contratación del falso profesional, identificado con las iniciales H.C.A. y que habría realizado cerca de 1.800 atenciones. También anunció un plan de verificación de atenciones médicas realizadas por el imputado en el Cesfam de Artificio, el Cecosf Susana Guerra y en la posta rural de Pachacamita, garantizando a la comunidad que serán reevaluadas por profesionales acreditados del sistema municipal.
Falsificó el examen de validación
El imputado falsificó el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) para obtener empleo en el sector salud.
El fiscal jefe Juan Sebastián de La Fuente informó que el individuo fue detenido en una clínica de Quilpué el 7 de febrero pasado por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento público.
“Ofrecía servicios como médico, traumatólogo y fisiatra en el Cesfam de La Calera y otras comunas aledañas durante el año 2024. Al solicitarle su certificación en Eunacom, se descubrió que el documento era falso”, detalló la autoridad.
Irregularidades en su contratación
A pesar de ser descubierto, el imputado continuó atendiendo pacientes en consultas particulares de Quilpué, donde finalmente fue arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo orden del Tribunal de Garantía de La Calera.
En la audiencia de formalización, se decretaron medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, estableciendo un plazo de investigación de 150 días.
