Los retos de la Democracia Cristiana en estos tiempos de cambio e incertidumbre
Un grupo de 57 militantes de la Democracia Cristiana ha hecho pública una declaración en la que analizan el rol de su partido en la actualidad, las razones de su baja en términos electorales y las acciones que debieran seguir para recuperar el lugar de influencia en el devenir político del país.

Las últimas elecciones municipales y regionales han mostrado la inestabilidad política de la Democracia Cristiana, llevando al partido a una situación crítica que necesita atención. Su representación ha bajado drásticamente, pasando de 47 a 23 alcaldes y de 208 a 95 concejales en tan sólo cuatro años, y también ha perdido todos sus gobernadores.
Con sólo 325.102 votos, que representan el 3,16% del total, la continuidad del partido se encuentra seriamente amenazada, lo que exige una reflexión estratégica urgente antes de las elecciones de noviembre. Por cierto, semejante declive no es algo nuevo, sino que proviene de cambios profundos en la sociedad y en el sistema político.
Disminuye base de apoyo
El fin de la Guerra Fría, la secularización de la cultura política y el debilitamiento de los partidos centristas, han afectado su base de apoyo, tradicionalmente conformada por la población católica. Además, el surgimiento de coaliciones de izquierda y derecha, simultáneo a un faccionalismo interno, ha dado lugar a la formación de partidos marginales y redes clientelares que han agravado su situación.
En un plano más contingente, la voluble disposición de la DC a mantener alianzas estables y amplias de centroizquierda, su proverbial renuencia a negociar con la derecha y la confusión de su identidad ideológica, han contribuido a un moderacionismo que convierte la negociación del poder en un fin en sí misma, limitando la acción política a la administración del orden establecido y sus inequidades.
Urge una evaluación
La recurrente reproducción de corrientes conservadoras que acaban alineándose con la derecha, y de otras más progresistas que luchan por promover cambios significativos en sintonía con la trayectoria de la colectividad, lejos de expresar pluralismo democrático, han entorpecido la acción colectiva lo que contrasta dramáticamente con las urgencias del momento.
La DC debe realizar una evaluación crítica y un cambio de perspectiva que contemple su renovación ética y política; sólo así podrá recuperar su papel como un actor importante de la esfera pública. Proponemos organizar un diálogo técnico y político, bajo la metodología de cabildos comunales, a cargo de los equipos técnicos y profesionales del partido, con el objetivo de lograr una elaboración programática y legislativa efectiva y consistente.
La expansión del populismo
El desafío del aggiornamento interpela no sólo a la DC, sino también a sus aliados. La desconexión de la centroizquierda -trasfigurada hoy en un grupo elitista- con las comunidades y territorios, ha favorecido la emergencia de líderes populistas que sugestionan a los que se sienten desatendidos.
Esta misma expansión del populismo, ofrece, sin embargo, una oportunidad para vigorizar lazos amplios y unitarios, pues la dispersión de los ya débiles partidos políticos de centroizquierda, constituye un riesgo para la unidad política y social, para la formación y estabilidad de gobiernos de mayoría, y para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales conquistados a lo largo de las últimas décadas por los gobiernos de la Concertación Democrática, la Nueva Mayoría y Convergencia Social-Apruebo Dignidad.
La evidencia electoral reciente y las actuales condiciones nacionales e internacionales, confirman la viabilidad estratégica de impulsar una sola coalición parlamentaria y de gobierno, un programa común y una candidatura presidencial que, más que testimonial, posea el aplomo de una opción realmente competitiva.
Para lograr este objetivo es preciso llevar al límite del entendimiento con la izquierda la política de acuerdos propugnada por la actual mesa directiva.
Los peligros para la democracia
Nos encontramos en un contexto geopolítico espinoso, donde hay crisis acumuladas que pueden provocar grandes cambios en el mundo y en América Latina. Los compromisos son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, lo que significa que acciones extremas pueden surgir en cualquier momento y lugar, y provocar erosiones profundas en la democracia.
Ello envuelve un peligro para el sistema internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, dado que los populismos, tanto de izquierda como de derecha, se infiltran en las democracias avanzadas, convirtiéndose en un peligro para la estabilidad política. Lo hemos vivido en nuestra democracia, donde la desafección afecta negativamente la percepción sobre la clase política y se extiende a todas las instituciones, ocasionando la deslegitimación del sistema en su conjunto.
Pero la democracia juega un rol esencial en promover el pluralismo y organizar la diversidad. Crea un entorno favorable para avanzar hacia la justicia y la autodeterminación. Por ello, es importante que el partido escuche aquellas voces de la sociedad que piden la reconstrucción de espacios para la participación activa, y rompa con el estancamiento político a través de la ejecución de políticas públicas que fomenten la participación cívica desde las propias organizaciones sociales y sus bases militantes.
La amenaza de la ultraderecha
En esta hora la principal amenaza para la paz, la seguridad y la justicia proviene de la extrema derecha, que desafía a las facciones más moderadas de la derecha liberal, arrastrándolas a posturas más conservadoras y autoritarias.
Hace cuatro años, esta ultraderecha republicana estuvo a sólo seis puntos de alcanzar la mayoría absoluta. De este modo, el autoritarismo busca instalarse como respuesta a la delincuencia, el terrorismo y la inseguridad. Pero nosotros sabemos, por los años de dictadura, que sin garantías de libertad no puede haber auténtica seguridad, y que la democracia es vital para enfrentar las amenazas del extremismo y el totalitarismo.
La experiencia ha sido elocuente: los derechos sexuales y reproductivos se convierten en objetivos de retrocesos bajo gobiernos de ultraderecha, lo que pone en peligro los logros en equidad de género. Asimismo, las políticas medioambientales necesarias para abordar la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son generalmente suprimidas. Por eso, debemos recuperar la participación activa en los movimientos ciudadanos que denuncian los abusos de las isapres, las AFPs, así como de las empresas pesqueras, mineras y forestales, que son los principales bastiones de la ultraderecha y fuentes de injusticias sociales.
La política de los acuerdos
Valoramos los avances sociales emprendidos por el Gobierno durante este agitado ciclo histórico, como es la reciente aprobación, tras quince años de intransigencias, de la reforma de pensiones. Un arreglo que no trastoca la herencia estructural del modelo, pero que alivia la carga de millones de personas, reivindica el rol del Estado en la seguridad social, y deja sin banderas a la extrema derecha.
Esta vez también el partido ha contribuido lealmente a la causa de la justicia social y del bienestar de los trabajadores, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria. Empero, es urgente establecer las bases para un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores del país, permitiendo que los partidos canalicen demandas populares sin reemplazar la participación directa de las organizaciones sociales. Este contrato debe fortalecer la defensa de derechos fundamentales, tales como derechos económicos, sociales y humanos. Promover procesos de diálogo y concertación social es crucial para proteger derechos y garantizar justicia social y progreso. Además, la representación política va más allá de elecciones; implica una lucha constante por necesidades y aspiraciones. El trabajo debe ser valorado éticamente, priorizando su dignidad y preservación sobre otros intereses económicos.
La exigencia de un análisis interno
El estallido social de octubre de 2019, los dos fallidos procesos constitucionales y las expectativas generadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, exigen de la DC un análisis reflexivo que la conecte con su historia y le permita adaptarse a la nueva realidad internacional y social de Chile.
El partido debe luchar por transformaciones estructurales que superen la institucionalidad heredada de la dictadura y la estrategia de desarrollo impuesta por una minoría oligárquica que no tiene empacho en proclamarse dueña de los fondos previsionales de los chilenos. Es esencial que la DC tome decisiones políticas que fortalezcan a los sectores más vulnerables y retome su esencia ideológica. Que aborde asuntos urgentes, como la lucha de nuestros pueblos originarios contra su secular segregación, estigmatización y pérdida de identidad y reconocimiento. Como la lucha de los migrantes, que buscan refugio, aceptación y un lugar para aportar al desarrollo.
Como la lucha por salarios justos, acceso a servicios básicos de educación, de salud y de seguridad pública en comunidades deprimidas. Y como la lucha de los trabajadores por una negociación ramal que fortalezca la capacidad de los sindicatos. Un esfuerzo que implica reconocer al mundo del trabajo, que no se reduce a los sindicatos ni a la formalidad del empleo, como un ámbito fundamental en la labor del partido y en el testimonio de sus figuras destacadas, lo que requiere reorganización y reforma estatutaria.
La desigualdad, un tema pendiente
Chile ofrece condiciones propicias para asegurar bienestar y seguridad a su población gracias a sus diversos recursos naturales. Sin embargo, la realidad indica que faltan garantías adecuadas en bienes públicos y derechos fundamentales. La desigualdad en la distribución de ingresos, reflejada en que la mitad de la población sólo accede al 17% de los recursos nacionales, subraya la necesidad de reorientar la estrategia de desarrollo, especialmente ahora ante el reflujo del proteccionismo, que restablece tarifas mínimas y aranceles específicos al cobre, el acero y el aluminio, mientras los artífices de la apertura comercial, la desindustrialización y el extractivismo permanecen en silencio. Y el principal riesgo de la estrategia de desarrollo es abandonarse a la inteligencia artificial que, en lo sustantivo, reproduce una relación de poder y dominación entre las economías avanzadas y la periferia rezagada. El único control de nuestra democracia sobre la IA generativa que garantice la autodeterminación del país, conlleva la existencia de una matriz energética de alto consumo eléctrico y de agua en los centros de datos, que solo puede ser sostenida por energías renovables, actualmente blanco de ataques del negacionismo climático frente al llamado permisivismo. El hecho es que sin IA, no hay productividad, crecimiento ni competitividad. Esto, asimismo, implica un enfoque en el uso justo y sostenible de los recursos mineros, forestales y pesqueros.
Dicho enfoque era el que entregaban desde los tiempos de Jorge Ahumada, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, los congresos de la DC, el último de los cuales tuvo lugar hace 18 años. Debemos reiniciar el proceso de diseño, organización y realización del Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, para convertirlo en la máxima instancia de deliberación, camaradería y vocación de futuro de la colectividad.
Buscando el consenso
La democracia es un régimen que asegura a sus ciudadanos el derecho a elegir y ser elegidos, promoviendo así su participación en la vida política. En una democracia, los partidos políticos son intermediarios entre las aspiraciones de la ciudadanía y los candidatos que representan sus intereses. La trayectoria de Michelle Bachelet es un ejemplo de buen gobierno, con políticas inclusivas que han impactado de manera positiva en la sociedad chilena y que han dejado una huella significativa en la historia reciente del país. Su experiencia, tanto nacional como internacional, contribuye al valor de las colectividades políticas de centroizquierda, mientras que su liderazgo representa la superación de un pasado de pérdida de derechos y libertades.
Michelle Bachelet fomenta el diálogo y el progreso, elementos esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos, y su candidatura revitalizaría los valores humanistas cristianos defendidos por la Falange Nacional y la Democracia Cristiana. La esperanza nacional de que Chile continúe su trayectoria hacia la democracia y la justicia social nos motiva a ponernos a disposición para buscar un amplio consenso del progresismo con el objetivo de presentar una candidatura única. Nos dirigimos a nuestro partido a través de su Junta Nacional, solicitando que participe activamente en la nominación de Michelle Bachelet como candidata presidencial que represente el más amplio abanico de fuerzas; un apoyo que debe incluir un pacto de gobierno para un período de cuatro años, sustentado en una coalición parlamentaria de mayoría, la cual derive de una lista única de candidatos electos en las elecciones del próximo 16 de noviembre.
Firman el documento: Néstor Aravena, Carmen Arias, Jorge Calderón, Julio Cárcamo, Raúl Collado, Jorge Consales, Heraldo De Pujadas, Carmen María Del Picó, Hernán Díaz, Raúl Donckaster, Miguel Echeverría, María Antonieta Escobar, Rodolfo Fortunatti, Francisco Garay, Flavio Garrido, Laura Giannici, René González, Luz Gutiérrez, Guido Iturriaga, Víctor León, Nicolás Mena, Alejandra Miranda, Cecilia Montt, Alejandra Núñez, Marcela Piñeiro, Eduardo Reveco, Juan Manuel Sepúlveda, José Soto, Cecilia Valdés, Claudina Valdés, Pedro Vera, Homero Varela, Marcelo Yévenes, Marcel Young, Patricio Mancilla, Beatriz Fuenzalida, Mariol Acevedo, Ernesto Guajardo, Andrea Leyton M., Enrique Fell, Claudio Aguirre G., María Cayuqueo, Gabriel Pozo, Francisco Vásquez, Silvia González P., René Morales, Patricio Gil, Irene Celis, Marcel Saintard, Luis Hidalgo, Walter González, Ana María Briceño, José Ramón Gutiérrez, Nicolás Iván Muñoz H., Edgardo Yáñez, Radomiro Rollano y Verónica Ozimiza.