Fiscal nacional: «Sabotaje» de Llaitul requiere querella del Gobierno para ser investigado
Jorge Abbott descartó iniciar una indagatoria por oficio y explicó que sólo el Ejecutivo puede presentar acciones bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado.
“La forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje (…), como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas”. Esos fueron los dichos de Héctor Llaitul que reactivaron el debate por iniciar acciones judiciales en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Lo dijo en entrevista al sitio Werkén Noticias, donde justificó una serie de ataques registrados en la macrozona sur reivindicados por la CAM, a modo de “venganza” por la muerte de Pablo Marchant, quien muriera en medio de un enfrentamiento durante el 2021.
“Nuestro gobierno persigue delitos, no ideas ni declaraciones”, dijo el Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el tema. Bajo esa explicación, La Moneda ha desistido de iniciar acciones judiciales contra Llaitul.
Por eso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, otra vez fue consultado sobre si puede la Fiscalía iniciar una investigación por oficio, señaló: “La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad el Estado, una denuncia o una querella por parte del Gobierno”.
Y en la línea con lo planteado por el Primer Mandatario, Abbott agregó que “eventualmente si ese tipo de conductas es constitutivo de un delito distinto puede ser agrupada a investigaciones actualmente vigentes”, ya emprendidas contra el dirigente mapuche.
La violencia en la macrozona sur constituye para el Gobierno uno de los flancos más abiertos. En los más de cuatro meses de la administración actual, Boric todavía no visita la zona, pese a la presión de sectores privados, agricultores y parlamentarios.
Junto con ello, el tema tiene con posturas enfrentadas a la coalición oficialista, pues algunos en Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) rechazan la idea de extender el Estado de Excepción Constitucional en la Región de La Araucanía y dos provincias del Biobío.
Todo mientras, al mismo tiempo, en la oposición insisten con pedirle al Gobierno que la medida se amplíe geográficamente hasta la Región de Los Ríos, ante los atentados registrados en Máfil durante la semana pasada.
Ahí, un doble ataque incendiario destruyó 18 maquinarias de áridos la madrugada del 17 de julio. Uno de los hechos fue reivindicado por una organización territorial de la CAM.
