Estado condenado a pagar $400 millones por policía asesinado durante dictadura
La muerte del PDI Juan Bustos Marchant, en 1974, se atribuyó a un “suicidio”. La posterior investigación, sin embargo, dejó en claro que había sido asesinado por agentes del Estado.
Por EL AGORA
La suma de $400 millones deberá pagar el Estado de Chile a la familia de Juan Bustos Marchant, efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que el año 1974 fue asesinado en Valparaíso. Ello luego de un dictamen de la Corte de Apelaciones de la ciudad puerto.
Bustos Marchant fue detenido tras el Golpe de Estado debido a que era reconocida su simpatía por el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende. Tenía 47 años.
Hace 49 años, la víctima se encontraba privado de libertad en el cuartel de la calle Uruguay de Valparaíso y luego fue reportado muerto. La causa de su deceso, en una primera instancia, se atribuyó a un suicidio.
Guillermo Kegevic, abogado del Estudio Jurídico Papi y Kegevic, señaló que producida la muerte del policía tomaron el caso, luego que la tesis del suicidio resultara a todas luces insostenible. Los abogados, por el contrario, llegaron a la convicción de que Bustos Marchant había sido asesinado.
Hubo, según los profesionales, coordinación de agentes de la época para asesinar al policía y pretender justificar su muerte como suicidio.
En la causa se declaró como culpable y autor material de los hechos al ex prefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, Mario Tashima Rebolledo, a quien se le atribuyó el delito de homicidio calificado cuando se pudo confirmar que la muerte de la víctima era atribuible a terceras personas.
El abogado que representa a la familia, Alex Cortés, señaló que recurrieron a tres peritajes que acreditaron la tesis de asesinato en contra de Bustos Marchant.
Sin embargo, el culpable, así como otras dos personas que actuaron en el crimen, no cumplirán condena, toda vez que los tres fueron declarados en estado de demencia.
Finalmente, los abogados informaron que continuarán trabajando en la investigación penal del caso, debido a que, al ser un crimen de lesa humanidad, no prescribe con el paso del tiempo.
