Endurecen normas de emisión para termoeléctricas
La actualización del decreto N°13 impone restricciones más severas para la operación de centrales, afectando a plantas en funcionamiento y futuras generadoras.
El plazo para la reconversión se amplió hasta el 2040 / Foto: ARCHIVO
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la actualización del Decreto N°13 de 2011, endureciendo significativamente las exigencias en emisiones contaminantes para las centrales termoeléctricas en Chile. Esta medida refuerza el compromiso del país con la descarbonización y la transición energética.
El decreto impone límites más estrictos a la emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx), afectando a todas las centrales termoeléctricas, tanto en funcionamiento como futuras, independientemente del combustible utilizado (carbón, gas o diésel).
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, enfatizó que esta medida representa un paso clave hacia la neutralidad de carbono en el país.
Impacto en la industria energética
La actualización generó preocupación entre las empresas del sector, especialmente en plantas sin una fecha clara de cierre o reconversión, como Santa María (Colbún), Cochrane y algunas unidades de Guacolda.
El gerente general de Guacolda, Marco Arróspide, advirtió que los nuevos requisitos podrían provocar cierres anticipados, impactando la estabilidad del sistema eléctrico, aumentando los costos energéticos y afectando empleos en las zonas donde operan estas centrales.
Plazos de adaptación y posibles acciones legales
Para facilitar la adaptación a las nuevas exigencias, se extendió el plazo original del 2038 al 2040, permitiendo a las empresas con planes de reconversión disponer de más tiempo para ajustarse.
Sin embargo, fuentes del sector no descartan presentar recursos ante la Contraloría General de la República o tribunales ambientales si consideran que la normativa afecta la viabilidad operativa y económica de las plantas.
Desde el Gobierno recalcaron que la medida está alineada con los compromisos internacionales de Chile en materia ambiental y que la fiscalización será clave para garantizar su cumplimiento.
