Columna de Eduardo Bruna: Mientras el cobre no vuelva a ser chileno en plenitud, seguiremos en el tercer mundo

La dictadura cívico/militar desnacionalizó el cobre en 1981, borrando de una plumada la mejor obra de Salvador Allende. Hoy, Codelco sólo entrega un tercio de la producción anual, porque la mayor parte corre por cuenta de mineras transnacionales que, sin embargo, tributan al Fisco menos de la mitad de lo que tributa la estatal. Estudio señala que, entre 2005 y 2014, el país regaló a estas empresas 114 mil millones de dólares. ¿De verdad no hay plata para la salud, la educación y otras tantas necesidades?

Por EDUARDO BRUNA / Fotos: ARCHIVO

La emoción que embargó a los chilenos ese 11 de julio de 1971 alcanzó ribetes épicos. El gobierno de Salvador Allende nacionalizaba la gran minería del cobre y Chile recuperaba su principal fuente de riqueza, en manos foráneas durante décadas.

El cantautor Eduardo Yáñez, instado a componer una canción para un festival que organizaría la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), con el objetivo de celebrar el acontecimiento, recurrió a toda su inspiración para que los arpegios de su guitarra dieran origen a “Nuestro cobre”, cuya letra sentida y profunda hizo suya de inmediato el Quilapayún.

Por los hechos posteriores, no sabemos si el tema alcanzó a grabarse. Pero no hizo falta. “Nuestro cobre” fue interpretada más de una vez por el Quila en esas multitudinarias manifestaciones que respondían a las también masivas concentraciones que organizaba la oposición, con el beneplácito y el generoso respaldo económico de Estados Unidos, decidido a derribar el gobierno constitucional desde la misma noche de su victoria frente al derechista Jorge Alessandri.

La alegría ciudadana por haber recuperado una riqueza además no renovable, duró poco. El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 truncó muchos proyectos, muchos sueños. Y entre ellos el que el cobre siguiera siendo exclusivamente chileno. Diez años después de ese acto solemne en el Congreso Nacional, lleno de dignidad y al que concurrieron sin excepción todos los partidos políticos, la dictadura cívico-militar aprobó la Ley 18.097 “Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, que en los hechos significaba que los yacimientos de minerales pasaron a ser “concesiones plenas”.

En palabras simples, que los recursos naturales iban a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos, hasta su total agotamiento.

El argumento utilizado fue que ni Chile ni Codelco tenían los recursos financieros, la tecnología y el personal capacitado para hacer producir nuevos yacimientos. Las voces en contra, aquellas que aseveraban que la soberanía no es un concepto vacío, afirmaban que había que defender esa riqueza natural a como diera lugar, recurriendo a la asesoría de países amigos. Como China, por ejemplo, que por separar aguas de la entonces Unión Soviética, mantuvo excelentes relaciones con la dictadura y fue, de hecho, el primer país del mundo en reconocerla.

No sólo China podía darnos una mano. También podrían haberlo hecho Israel y Sudáfrica, cuya industria minera era de las más importantes del mundo, y en menor medida, Alemania y Japón.

Voces disonantes -entre ellas la de varios generales que pensaban que el cobre era un mineral estratégico-, fueron finalmente acalladas, como se acallaba por aquellos años cualquier disidencia.

Quienes hacen gárgaras con aquello del “patriotismo” y la “soberanía”, aplaudieron a rabiar esta decisión de la dictadura. Los dueños del país, es decir, los grandes grupos económicos, vieron en la desnacionalización de ese mineral la oportunidad para realizar pingües negocios. Nunca ocultaron entonces, como no lo ocultaron luego y hasta nuestros días, que para ellos privatizar Codelco es una vieja aspiración. Si se privatizó el agua, entre otras cosas, ¿por qué no el cobre?

Pero ni la dictadura se atrevió a tanto. Sólo que llevaba velas en ese entierro. Con la creación de Codelco-Chile, en 1976, se estableció que el 10 por ciento de sus ventas anuales serían destinadas a las Fuerzas Armadas para la adquisición de armamento. En palabras simples, para la compra de chatarra de guerra que, además de no usarse nunca, dio pie para todo tipo de negociados en el que muchos esperaban recibir su tajada.

Pero también hubo sinvergüenzas al interior de Codelco, que se sacaron la careta en plena recuperada “democracia”. Como Juan Pablo Dávila, ejecutivo de ventas de la estatal protagonista de lo que, en 1994, se conoció como el “Davilazo”.

El 21 de enero de ese año, Dávila subió a las oficinas de su jefe, el gerente de ventas de Codelco, Owen Guerrini, y le dijo que tenía algo importante que comunicarle. En una reunión breve, de pocos minutos, le informó que se habían perdido 30 millones de dólares por una falla en una operación de venta de cobre a precios futuros -estimados de acuerdo a proyecciones de demanda y a precios que alcanzaría el metal rojo-, y le explicó que el error fue causado por una falla de su propio computador.

Dos días después la cifra aumentó a 200 millones de dólares y todo Chile supo quién era Juan Pablo Dávila. Él, a su vez, supo lo que era estar preso.

Enjuiciado en todas las instancias, a fines de 2006, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la defensa de Dávila y ratificó la condena al ex ejecutivo estatal. Tres años por fraude al fisco, más dos penas de 800 días cada una por el delito de negociación incompatible. El máximo tribunal, además, confirmaba que no sólo se había desfalcado esa última cifra, sino que también avaló la existencia de dineros que Dávila había recibido por comisiones de parte de brokers internacionales. Eran cerca de 10 millones de dólares invertidos en propiedades o depositados en cuentas de las Islas Gran Caimán y en Chile a nombre de sociedades ligadas a Dávila.

El cobre, “la carne de la pampa”, como canta Eduardo Yáñez, constituye una inmensa riqueza que el país jamás ha podido disfrutar a plenitud. Chile produce cinco millones 600 mil toneladas anuales en promedio, lo que representa el 30 por ciento de la producción mundial. Posee, además, el 38 por ciento de las reservas mundiales de cobre.

Y es que no sólo distintas administraciones de Codelco han sufrido pérdidas escandalosamente millonarias. Las diez cupríferas privadas más grandes que existen (hay otras, más pequeñas), tributan menos de la mitad de lo que aporta Codelco al erario nacional. Dos de ellas, incluso, durante diez años no tributaron ni siquiera un dólar, porque con una desfachatez digna de mejor causa durante todo ese período declararon pérdidas.

Por supuesto, a ninguna autoridad de este país se le ocurrió armar el más mínimo escándalo por ese evidente latrocinio.

Un estudio titulado “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile”, llevado a cabo por Gino Sturla, Ramón López, Eugenio Figueroa y Ramón Accorsi, señala que “las estimaciones muestran que la riqueza regalada a estas empresas alcanza un valor piso de 114 mil millones de dólares entre 2005 y 2014”.

Y agregan: “Estas rentas son neutras en relación con las decisiones de inversión y producción, es decir, si estas empresas privadas hubiesen pagado al fisco chileno el monto calculado, su inversión y producción totales no habrían cambiado, pero el país habría podido disponer de esos cuantiosos recursos. Además, en ausencia de cualquier otra distorsión, estas empresas igualmente habrían tenido rentabilidades equivalentes a las que hubiesen logrado en una economía de competencia perfecta”.

En la Reforma Tributaria que se ha anunciado por parte del gobierno de Gabriel Boric, sin duda que conceptos como “tributación” y “royalty” no podrán estar ausentes respecto de la gran minería. Definido el cobre como “La viga maestra de la economía chilena”, por Eduardo Frei Montalva, y como “El sueldo de Chile”, por Salvador Allende, la importancia para el país de esta riqueza natural no renovable es indesmentible.

Sin embargo, sabemos que habrá un sector de la política chilena, derechistas e izquierdistas paniaguados, que van a estar en contra de cualquier alza en los tributos para estas transnacionales. El argumento ya lo conocemos de memoria: “Elevar los impuestos contrae la inversión, y con ello vamos a tener menos trabajo”.

Nadie dice, o nadie repara, que en sus países de origen estas transnacionales pagan impuestos mucho más altos de lo que pagan en Chile, pero siguen trabajando y llenando igual sus arcas. La diferencia es que se trata de países más normales y decentes que el nuestro, lleno de políticos ignorantes y corruptos, dispuestos a venderse al mejor postor.

O a hacerse los tontos, como se han hecho con las muchas denuncias de Julián Alcayaga, economista chileno que no sólo ha advertido una y otra vez el robo descarado que se hace de nuestra principal riqueza natural.

Autor, entre otras obras, de “El libro negro del metal rojo. La concertada expoliación del cobre chileno”, Alcayaga ha acudido en más de una oportunidad al Congreso para denunciar pérdidas escandalosas sufridas por Codelco durante los gobiernos concertacionistas y los de Piñera.

Adivinó, estimado lector: nunca pasó nada. Fue, lo que se llama, una prédica en el desierto.