Columna de Eduardo Bruna: La borrachera codiciosa de las isapres parece estar llegando a su fin

Así como las AFPs han demostrado no servir para nada, y ser sólo un negocio para unos pocos, el sistema privado de salud legado por la dictadura también se cae a pedazos. La codicia siempre rompe el saco, pero en su pantagruélico apetito por ganar y ganar, los dueños de este país parecen ignorarlo.

Por EDUARDO BRUNA / Foto (referencial): ARCHIVO

El negocio de la salud, porque para eso fueron creadas las isapres, está llegando a su fin. Al menos como lo hemos conocido y sufrido hasta ahora, desde que vieran la luz el 27 de abril de 1981, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 3. Es decir, en plena dictadura. Tras cuatro décadas de abusos disfrazados de “buen servicio”, la industria que ha lucrado con la salud de los chilenos, y hasta el hartazgo, es víctima de su propia codicia y de su apetito voraz por aumentar todavía más las obscenas ganancias que en su turbia historia han registrado.

Tomadas como botín las más de 700 empresas que el Estado poseía, hasta septiembre de 1973, era obvio que, con el neoliberalismo salvaje que implantaron a sangre y fuego los “Chicago Boys”, discípulos aventajados de Milton Friedman, dichos centros de producción y de servicios no tardarían en ser usurpados, a precio vil, por los grupos económicos existentes en Chile en ese minuto.

Le seguirían pronto, ¡y cómo no!, la educación y la salud, rubros con clientela cautiva, porque nunca faltarán los alumnos ni los que se enferman. La previsión, para escamotearles sus ahorros a los viejos, hacía fila en forma de AFPs para cerrar el círculo y transformar a este país en propiedad de unos pocos.

Que la gente se jodiera, daba lo mismo. Lo importante era ganar todo el dinero que se pudiera, mientras durara esta borrachera neo liberal de un país transformado en conejillo de Indias para implantar un sistema económico tan salvaje como despiadado, y que no existía en ninguna otra parte del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, país de las maravillas para cualquiera que crea en la economía de libre mercado como la única solución a los problemas de toda sociedad.

Las isapres, otro engendro de la dictadura cívico-militar que durante 17 años envileció a este país, despertaron de un sueño de más de cuatro décadas. Un sueño que, para su clientela, fue bueno mientras la salud acompañara y todo se redujera a controles, exámenes comunes y una que otra intervención médica de escasa complejidad. Y es que, durante todo este tiempo, registraron ganancias colosales captando -y exprimiendo-, a todos aquellos que con toda razón querían escapar de una salud pública que, a sus carencias de siempre, sumaba la destrucción sistemática de que fue objeto durante la dictadura.

Porque no bastaba con que, mes a mes, el 7% de tus ingresos fuera a alguna isapre. Para tener un plan mejor, y mayor cobertura, te dejabas esquilmar alegremente con un aporte extra. Todo con tal de ubicarse lo más lejos posible de esa salud mala y burocrática que, con sus escasos recursos, podía ofrecer el Estado.

Pero como a toda empresa, y la isapre era una que entregaba año a año muy buenos números, las siderales ganancias a sus propietarios les fueron pareciendo insuficientes. Fueron aplicando, entonces, arbitrarios reajustes a sus afiliados que, como buenos chilenos, aguantaron estoicamente y sin chistar. Eso, hasta que un grupo de abogados hicieron funcionar a toda máquina su esencia de emprendedores y, reuniendo afiliados descontentos, llevaron las abusivas e injustificadas alzas masivamente a los tribunales. Y aunque parezca toda una fábula en este país llamado Chile, los protestantes ganaron. Y siguieron ganando, cada vez que las isapres -coludidas, como todo buen negocio que se precie-, pretendieron elevar unilateralmente el costo de los planes.

Astutos, los empresarios dueños de isapres tenían todavía lo que se llama “la tabla de factores”. Dicho en simple, el costo de tu plan dependía de tu edad y sexo. Si eras joven, o relativamente joven, te aplicaban un porcentaje menor. Pero si ya tenías tus años, entonces aumentaba el factor de riesgo del negocio y la isapre se ponía a cubierto subiéndote significativamente el plan. Ni hablar si eras mujer. Y mucho peor si estabas en edad fértil. Te castigaban de forma tan feroz que, entre planes de hombres y mujeres, con ingresos y edades similares, había a fines de año una diferencia abismal.

Para terminar con ese abuso legal, el 30 de noviembre de 2022, la Corte Suprema estipuló que la diferenciación por sexo y edad era inconstitucional, y declaró que la tabla de factores debía ser única, y aplicarse de manera obligatoria para toda la cartera de afiliados.

En términos simples, si contrataste tu plan después de abril de 2020, entonces el cambio no te afecta, puesto que tu plan ya se rige por dicha tabla. El cambio afecta a quienes hayan contratado su plan antes de dicha fecha, puesto que con el fallo de la Corte Suprema la tabla deberá aplicarse de manera retroactiva de aquí a un plazo de seis meses.

Sin embargo, las isapres, desconociendo el pronunciamiento del máximo tribunal de justicia, siguieron vendiendo planes echándose al bolsillo la tabla de factores. Y la tormenta perfecta surgió luego que tampoco la Superintendencia de Salud, bajo el gobierno de Piñera, fiscalizara como corresponde el cumplimiento del fallo legal.

El resultado es que, a la fecha, las isapres deben devolver a sus aproximadamente 700 mil cotizantes (3,3 millones de afiliados), un monto que a estas alturas supera los 1.400 millones de dólares.

En detalle, cada isapre deberá devolver las siguientes sumas: Cruz Blanca, $278.265.111.165; Colmena, $242.498.785.095; Banmédica, $222.464.640.229; Consalud, $199.465.479.435; Esencial, $174.209.476; Vida Tres, $74.939.074.210; Fundación, $10.505.782.202, e Isalud, $4.214.518.731.

Por supuesto, las isapres apelan a una eventual quiebra en el caso de tener que devolver esos cobros excesivos. Sólo que, como siempre ocurre, quebrarían las instituciones, pero no sus propietarios. Y la supuesta quiebra, por mucho que sea un grosero instrumento de presión, por cierto que debe preocupar a un gobierno que, como el de Boric, sabe que, además de la cesantía que se produciría por la desaparición de isapres y clínicas (muchas pertenecientes a las propias isapres, para hacer redondito el negocio), el sistema público de salud no está en condiciones de absorber a toda esa gente que se quedaría sin cobertura.

Dicho en simple, es lo último que requiere para colapsar del todo.

Buscando una salida a este embrollo de bíblicas proporciones, se dictó una denominada “Ley Corta”, que busca que las isapres cumplan un dictamen de la Suprema y devuelvan esa gigantesca cantidad mal habida de dinero. Que ofrezcan una fórmula, pero que cumplan.

Naturalmente que la Asociación de Isapres puso el grito en el cielo, culpando de inflexibilidad a un Ejecutivo que, constitucionalmente, además, está obligado a hacer cumplir los fallos. Dijeron, sin que se les moviera un músculo de la cara, que la “Ley Corta” “es un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”. Agrega que “no tiene factibilidad y conduce a un monopolio estatal (de la salud)”.

Vaya “desfachatez”, como dijo la ministra vocera Camila Vallejo. Vaya sinvergüenzura, agregamos nosotros.

Aquí lo único que no puede pasar es que, como ocurrió a principios de los 80, en dictadura, seamos todos los chilenos los que, con nuestra plata, salvemos a las isapres como en aquella oportunidad debimos hacerlo con los bancos, todos quebrados después de una francachela que militares y ricachones creían interminable.

Estamos hartos, y sería bueno que políticos y empresarios se percataran de una buena vez, a no ser que quieran ver repetido el hartazgo de octubre de 2019.

Estamos hartos de que, en las últimas décadas, una gran mayoría de poderosos e influyentes consideren que es de lo más normal del mundo privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.