Columna de Arturo Castillo: Bendita corrupción

“Me declaro culpable de todas las boletas ideológicamente falsas que me pillen. De las que no me pillen, soy inocente”.

Así de suelto de cuerpo y con una gracia chistosa se refería un parlamentario de la UDI al escándalo provocado por este caso, como si la corrupción y el fraude fueran algo digno de tomárselo a broma, demostrando una falta de conciencia abismante del daño que eso le ha causado a nuestro sistema político.

Un reciente estudio de medición determinó que la percepción ciudadana cree que Chile es un país extremadamente corrupto. En los últimos 30 años esta percepción ha ido en aumento. Y no sólo la atribuye a los escándalos protagonizados por funcionarios de confianza del gobierno, sino que también afecta a los otros poderes del Estado. Hay ministro de corte removidos, funcionarios formalizados y parlamentarios desaforados y encarcelados.

¿Siempre ha sido así?

La corrupción nos ha acompañado desde los albores de nuestra vida republicana. Durante el parlamentarismo, los candidatos pagaban a sus electores por el voto y, una vez electos, cobraban comisiones por beneficiar a determinadas empresas que negociaban con el Estado. Incluso, le cobraban al gobierno suculentas mensualidades por otorgarles su apoyo político.

Se pensaba que todo eso se habría terminado con la Constitución Política de 1925, que iniciaba la era presidencialista. Pero no fue así. Ahora tomaron el control los partidos políticos. Muchos de sus más distinguidos militantes viajaban a Argentina con el propósito de que el peronismo les ayudara con recursos monetarios para sus campañas. Recursos que nunca llegaron a los partidos políticos, pero si engrosaron sus fortunas personales.

Así ocurrió con el Partido Femenino de Chile, creado en 1946 y vigente hasta 1954. Su fundadora y primera senadora chilena, María de la Cruz, viajaba a Buenos Aires para recibir contribuciones directas del caudillo trasandino, que su partido nunca vio. Por ello fue exonerada y destituida de su cargo.

La corrupción se enseñoreaba por esos días. Pero no hay registros que indiquen que alguno de los Presidentes que hubo entre 1830 y 1973 se enriqueció de manera ilícita.

Sólo se cree que Salvador Allende, de acuerdo con los registros del archivo Mitroji, vinculado a los servicios secretos de la inteligencia británica, recibió pagos de la KGB soviética a cambio de información clasificada.

¿Y en dictadura, qué…?

No porque entre 1973 y 1990 no haya habido registros estuvimos libres de la corrupción. Recuerden que hubo banqueros y hasta ministros de Estado recluidos en el anexo cárcel Capuchinos.

Durante un almuerzo en el club militar de Lo Curro del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro, le pregunté por actos de corrupción a uno de ellos.

-Ustedes ocuparon tremendo cargos. Tenían poder y manejaban mucho dinero. Es casi imposible que no haya habido corrupción-, le dije.

La mayoría de estos ex militares había sido ministros de Estado, intendentes, gobernadores, asesores de alto nivel, embajadores, miembros de directorios de empresas públicas, etc.

El general en cuestión me aseguró que ellos, independiente del cargo político que habían ocupado, sólo recibieron el sueldo correspondiente al grado militar.

En ese almuerzo había unos 60 ex uniformados. El general me llevó al balcón del comedor del segundo piso y me dijo “mire el estacionamiento. Vea las marcas, la calidad y el costo de los autos allí estacionados. Saque usted sus cuentas”, si todos ganábamos lo mismo. En verdad había varios vehículos de lujo entre ellos que, a primeras luces, no se condecían con sus sueldos.

La mordida mexicana

La corrupción es un asunto que atenta contra las democracias en todo el mundo. El destacado excursionista chileno, Claudio Lucero, contaba que durante su exilio en México, en donde contribuyó decididamente al montañismo de ese país, recibió fondos estatales inferiores a las cantidades que había solicitado, pero debía firmar un “recibí conforme” por lo que originalmente estaba estipulado en los contratos.

Eso se llama “la mordida”. En cada trámite administrativo, los funcionarios recortaban una parte para fines de lucro personal.

También comentaba lo fregada que era la policía en el control de tráfico en el Distrito Federal.

-Me detenían, me pedían los documentos y me llevaban detenido para comprobar que yo no tenía nada que ver. Eso ocurría a cada rato. Entonces, decidí poner un billete entre medio de los documentos. El policía me los pedía, tomaba el dinero y me decía “continúe, señor”.

En los 90, durante una gira a Buenos Aires con el Presidente Aylwin sucedió algo similar a un grupo de periodistas. Regresábamos al hotel y un policía nos detuvo. El chofer del auto, un chileno residente en ese país, hizo lo mismo y el policía hasta nos escoltó a nuestro destino.

Que orgullosos nos sentíamos entonces. En Chile esas cosas no ocurren, nos decíamos a nosotros mismos.

Corrupción en democracia

Cuando asumió la presidencia Patricio Aylwin, nos ufanábamos de ser uno de los países menos corrupto del mundo.

La alegría duró poco. Con una prensa más investigadora e independiente, salieron a la luz pública los casos Correos, Coimas, Mop Gate, Indemnizaciones, sobresueldos, pinocheques, el caso pertrechos de guerra de la FACh, los que en verdad eran muebles de ratán que fueron a parar a la casa de veraneo del comandante en jefe en Quintay, y asuntos personales destinados a altos oficiales de la institución internados en un avión institucional. También hubo una seguidilla de casos menores.

Patricio Aylwin dijo con amargura “algo huele a podrido”. Y Ricardo Lagos enfatizó en que “dejemos que las instituciones funciones”. Pero las instituciones no tienen vida propia. Tal vez quiso decir “hagamos que las instituciones funcionen”.

En el caso de las indemnizaciones, Aylwin emplazó a un pariente que ocupaba un alto cargo gerencial a que devolviera la plata. “Perdón, tío, pero ya la tengo destinada”, le respondió.

El mismo Lagos sentenció: “Devuelven la plata o se van”. En realidad, debió decir “devuelvan la playa y se van (a la cárcel, me imagino).

Pero nada de eso sucedió. Un ex ministro de Economía, que estuvo involucrado en el caso Inverlink, se fue sin devolver nada. La justicia lo declaró inocente y, más tarde, para limpiar su imagen, el gobierno lo nombró embajador en Suecia. O sea, no devolvió la plata y se fue, a Estocolmo, claro está.

En todos los casos de corrupción se mencionaba a la clase política. Y todos apuntaban sólo a defraudar al Estado para obtener jugosas ganancias personales.

El Presidente Aylwin dijo una vez que “el mercado es cruel”. Sebastián Piñera aseguró que el Presidente se equivocaba. “El mercado no es cruel –le replicó Piñera-, porque la crueldad es un sentimiento. Y, lo que es peor, el mercado no tiene sentimientos”.

Uno tras otro

Recientemente hemos conocido muchos otros casos, cuyos actores corruptos no han pasado un día en la cárcel. Por el contrario, los enviaron a recibir clases de ética.

No sé si vale la pena detallar todos los casos de corrupción.

Sólo algunos de ellos dan cuenta de grandes cantidades de dineros de funcionarios que fueron a parar a los bolsillos. Otros de frescura extrema, como aquellos parlamentarios que utilizaban los vales de bencina del Estado para cargar combustible en los automóviles de sus cónyuges. O el del senador UDI Jaime Orpis, quien fue el único que pagó con cárcel sus fechorías para favorecer a las grandes compañías de pesca industrial.

Los más graves, sin duda, han sido los desfalcos al interior de Carabineros y del Ejército, además del enriquecimiento ilícito del ex comandante en jefe, el general Fuente-Alba.

Esto sólo apunta a lo que se sabe. Cualquiera, legítimamente, podría preguntarse cuántos casos más habrá que permanecen en la oscuridad de la protección. Si no fuera por una grabación de una reunión privada, talvez jamás habríamos conocido el Caso Audios, que mantiene a abogados y a varios empresarios en prisión preventiva.

¿Qué se puede hacer para frenar la corrupción?

En España, por ejemplo, el magnate vinculado al caso Banesto, Mario Conde, fue condenado a 20 años de prisión, pero sólo cumplió cuatro en la cárcel de Alcalá-Meco. Y la corrupción se mantiene en los mismos niveles.

Hay diez países en el mundo que castigan la corrupción con la pena de muerte, entre ellos China, Singapur, Corea del Norte e Indonesia.

En Colombia, el ex contralor general Carlos Maya, propuso revivir un decreto de Simón Bolívar, que castigaba con pena de muerte a aquellos que defraudaran al erario nacional. Obviamente, la idea no tuvo acogida.

En todo caso, no hay ningún estudio que determine que la aplicación de la pena máxima constituya un freno o un desincentivo para los corruptos. Por el contrario, en países como México, Colombia y en naciones de Centroamérica y del Caribe, este fenómeno sigue creciendo a pasos agigantados.

Y nosotros con ellos, pues tampoco se observa en Chile algún interés, por mínimo que sea, para abordar este tema que no sólo afecta a la administración pública, sino que constituye un grave afectado en contra de nuestra, cada día más imperfecta, democracia.

(*) Arturo Castillo. Estudió Periodismo y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. De sus 44 años de ejercicio, 20 fueron en TVN, Mega y revista Ercilla. Por once años reportero de Moneda y docente durante ocho en las universidades Santo Tomás, Sek, Uniacc, Del Desarrollo y Arcis.