Andes Iron critica acción del gobierno ante el Tribunal Constitucional por Dominga

La empresa calificó la medida del Comité de Ministros como una «maniobra dilatoria» y aseguró que su permiso ambiental sigue vigente.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 25 de marzo de 2025 - 6:02 pm

Andes Iron insiste en echar a andar Dominga / Foto: ARCHIVO

Andes Iron manifestó su rechazo a la decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en el caso del proyecto minero-portuario Dominga.

La empresa cuestionó la postura del Ejecutivo. Lo acusa de dilatar el proceso y de generar un conflicto inexistente con el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

La controversia surge luego de que el tribunal ordenara al Comité de Ministros votar nuevamente sobre el proyecto. Esa resolución el gobierno la consideró una «invasión de competencias».

Como respuesta, las autoridades decidieron llevar el caso al TC para obtener una definición definitiva sobre las facultades de cada organismo.

El rechazo de Andes Iron

En un comunicado, Andes Iron sostuvo que «no existe un conflicto real de competencias» entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental.

Según la empresa, la determinación es similar a la acciónde consultar a la Contraloría sobre la composición del Comité de Ministros, también ampliamente criticado.

«El tribunal busca hacer cumplir la sentencia del 9 de diciembre de 2024, y el Comité de Ministros debe acatar los fallos judiciales en su totalidad», afirmó la compañía. Además, Andes Iron remarcó que, tras la suspensión de los efectos de la última resolución del Comité, su permiso ambiental sigue vigente.

Estatus del proyecto y próximos pasos

Desde la firma subrayan que, al mantener su aprobación ambiental, se encuentran en condiciones de ejecutar Dominga. Por ello, solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que modifique su estatus a «aprobado».

Mientras el TC analiza el caso, la disputa por Dominga sigue generando tensiones entre el gobierno, la justicia ambiental y la empresa, que insiste en avanzar con el proyecto pese a los obstáculos legales y administrativos.