Detectan fallas del bloqueo de internet en las cárceles chilenas
La Contraloría General de la República evidenció que internos de distintos recintos penitenciarios logran conectarse a internet a pesar del sistema de bloqueo. Parlamentarios calificaron el hecho como «escandaloso» y exigen medidas inmediatas.
El sistema de bloqueo de señal costó casi seis mil millones de pesos / Foto (referencial): ARCHIVO
Un informe revelado este miércoles por la Contraloría expuso que sólo diez recintos penitenciarios de régimen cerrado cuentan con inhibidores de señal, lo que representa apenas un 12,7% del total de cárceles del país.
Además, se detectaron fallas en el sistema que permiten que los internos accedan a internet mediante redes wifi.
El mecanismo de inhibición, denominado «Guardian», fue contratado a las empresas Informática Tier1 SpA y Septier Communication LTE por un período de 36 meses, con un costo de $5.654.880.000.
A pesar de su implementación desde abril de 2024, el informe concluyó que los dispositivos bloqueados por la señal de telefonía pueden acceder a internet a través de conexiones inalámbricas.
Exigencias de la Contraloría y respuestas de Gendarmería
Tras detectar las falencias, la Contraloría ordenó a Gendarmería desarrollar un protocolo de revisión del sistema, incluyendo validaciones en terreno para detectar dispositivos, verificar la cobertura y asegurar el bloqueo total de conexión.
Asimismo, la institución penitenciaria debe informar en un plazo de 60 días las medidas correctivas que aplicará para evitar que los internos burlen la restricción.
El director de Gendarmería, Sebastián Urra, defendió el funcionamiento del sistema, asegurando que opera según lo estipulado. «Si un teléfono está en uso es porque ingresó recientemente o fue lanzado desde el exterior. En esos casos, podría haber un breve margen de operatividad hasta que se active el bloqueo», explicó.
Reacciones del Congreso: «Una vergüenza nacional»
Desde el Congreso, el diputado Andrés Longton (RN) calificó la situación como «escandalosa», cuestionando la efectividad de la tecnología implementada. «Se nos vendió como el sistema más avanzado del mundo, y hoy nos damos cuenta de que los reos siguen delinquiendo como antes», criticó.
A su vez, el senador Pedro Araya (PPD) enfatizó en la urgencia de tomar acciones legales contra las empresas proveedoras del servicio. «Esta inversión millonaria fue anunciada con bombos y platillos, pero no está dando resultados. Gendarmería debe exigir responsabilidades», sostuvo.
El informe de Contraloría abre un nuevo debate sobre la eficacia de los sistemas de seguridad en las cárceles y la necesidad de medidas más estrictas para evitar que los reclusos mantengan contacto con el exterior.
