Chile es condenado por muertes en el Sename

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la muerte de 10 adolescentes en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en 2007. El tribunal concluyó que el Estado chileno violó los derechos a la vida, la integridad personal y la protección judicial de los adolescentes internos.

Todo, a raíz del incendio de 2007 en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer”, en Puerto Montt. Así como por las condiciones degradantes en que se mantenía a 271 jóvenes en distintos recintos de reclusión.

La Corte estableció que hubo transgresiones a los derechos básicos de educación, salud, agua y saneamiento, en incumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De esta manera, condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por unos 647 millones de pesos a los 271 ex internos Sename. La Corte determinó que habían sido víctimas de múltiples vulneraciones de sus derechos.

Una tragedia evitable

El incendio ocurrió el 21 de octubre de 2007. La investigación reveló que la emergencia se agravó por fallas estructurales en la respuesta institucional. Esto incluyó la inacción del personal del Sename y de Gendarmería, lo que impidió una evacuación oportuna.

El tribunal también revisó las condiciones de reclusión en los centros Lihuén (Limache), Antuhue (Rancagua), San Bernardo (San Miguel) y Puerto Montt. Detectó hacinamiento, falta de acceso a servicios esenciales y condiciones que atentaban contra la dignidad de los internos.

Chile reconoce parte de su responsabilidad

Durante el juicio, el Estado chileno aceptó parcialmente su responsabilidad en la muerte de los adolescentes, y en la sobrepoblación del centro de San Bernardo. Sin embargo, rechazó otras acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos.

Como parte del fallo, la Corte instruyó a Chile implementar las siguientes medidas:

• Pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas y a los jóvenes afectados por las condiciones de reclusión.
• Reformas estructurales en los centros de detención juvenil. Mejorar la infraestructura y garantizar acceso a educación y salud.
• Capacitación del personal penitenciario en Derechos Humanos para prevenir nuevos abusos.
• Publicación oficial de la sentencia, como medida de reparación y garantía de no repetición.

El tribunal enfatizó la urgencia de que el Estado chileno implemente acciones concretas para evitar que se repitan estas situaciones. Y mejorar la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.