Ordenan cumplimiento forzado de fallo por Dominga
El Primer Tribunal Ambiental determinó que el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución en un plazo máximo de 10 días. Así deja sin efecto la anulación de la RCA del proyecto minero-portuario.
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El Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al gobierno cumplir de manera forzada la sentencia que instruyó al Comité de Ministros pronunciarse sobre las reclamaciones presentadas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Dominga.
La decisión del tribunal deja sin efecto la resolución que había anulado la RCA, lo que mantiene vigente la aprobación ambiental del proyecto.
Nueva resolución en 10 días
El fallo establece que el Comité de Ministros tiene un plazo de 10 días para emitir una nueva resolución. El tribunal rechazó la excepción de pago presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y determinó que el Comité excedió sus atribuciones al incluir argumentos no considerados en la resolución original.
El tribunal también enfatizó que su decisión no evalúa el fondo del caso, sino que busca garantizar el cumplimiento de la sentencia previa. Se ratifica que la autoridad debe acatar estrictamente lo dictaminado en diciembre de 2024.
Plazo incumplido y ejecución forzada
El conflicto se originó cuando Andes Iron, titular del proyecto Dominga, solicitó la ejecución del fallo emitido el 9 de diciembre de 2024. Este daba 15 días al Comité de Ministros para emitir una nueva resolución.
El tribunal determinó que el plazo venció el 31 de diciembre de 2024, pero el Comité sesionó recién el 8 de enero de 2025. Y emitió su resolución el 14 de enero, lo que motivó la acción judicial.
El SEA argumentó que el Comité sí había cumplido dentro del plazo establecido. Esto, pues sesionó el 23 de diciembre y nuevamente el 8 de enero, tras resolver dudas sobre la integración de sus miembros. Sin embargo, el tribunal concluyó que la resolución fue dictada fuera del plazo estipulado, por lo que vulnera la sentencia original.
Principios administrativos
El fallo también determinó que el Comité de Ministros incorporó argumentos que no formaban parte de la resolución inicial. Eso, explica, afecta la congruencia y seguridad jurídica del proceso administrativo. Esto llevó al tribunal a ordenar la ejecución forzada del cumplimiento de la sentencia.
La resolución abre la posibilidad de que el caso sea llevado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y, eventualmente, a la Corte Suprema.