Aprobado: saldarán deuda histórica con profesores

El Congreso despachó este miércoles la Ley de Deuda Histórica, y resolvió un conflicto de más de 40 años que afectó a miles de profesores. Más de 57 mil docentes que no recibieron el reajuste salarial del Decreto Ley 3.551 serán los principales beneficiarios de la medida.

Esto se produjo tras el traspaso de colegios a municipalidades, durante la dictadura de Pinochet.

Se establece un pago único de 4,5 millones de pesos por beneficiario, en dos cuotas: la primera en octubre y la segunda en enero 2026. El proceso comenzará con los profesores de mayor edad y se extenderá por seis años. En caso de fallecimiento del beneficiario, el pago será transmisible a sus herederos legales.

Reparación y nuevos procesos

El Ministerio de Educación ya dispone de una lista preliminar de docentes elegibles en su sitio web. Además, se abrirá un proceso especial en las próximas semanas para quienes no aparezcan en el registro. Estos podrán presentar sus antecedentes y optar al beneficio.

La deuda histórica, reconocida en 2009 por una Comisión de la Cámara de Diputados, fue considerada un perjuicio moral, político y patrimonial para los profesores. Durante décadas, las municipalidades argumentaron la falta de recursos para cumplir con el reajuste. Esto llevó a que numerosos docentes buscaran justicia en tribunales nacionales e internacionales.

El ministro de Educación destacó el carácter colaborativo que definió los criterios de la ley. Y la calificó como un paso fundamental para dignificar la labor docente y reafirmar el compromiso del Estado con los educadores.

Más allá de la deuda

La iniciativa forma parte del Plan Nacional Docente, que busca revalorizar el rol del magisterio. El plan incluye medidas para fortalecer la formación de educadores, mejorar las condiciones laborales y promover el cuidado de la salud mental del gremio. El objetivo es respaldar el desarrollo profesional de quienes educan a las nuevas generaciones.

Con la promulgación de esta ley, el gobierno cierra una deuda histórica con el profesorado chileno, otorgando no solo una reparación económica, sino también un reconocimiento simbólico a su aporte esencial.