Prisión preventiva por liderar tráfico infantil
La Justicia determinó mantener en prisión preventiva a los integrantes del Tren de Aragua acusados de liderar una red de explotación sexual infantil en Chile.
El Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para cinco miembros del Tren de Aragua, acusados de operar una red de explotación sexual infantil. La decisión se basa en la gravedad de los delitos imputados y el riesgo que representan para la sociedad.
La detención de los imputados fue el resultado de un amplio operativo policial liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en varias regiones. Durante meses, la PDI indagó en torno a la organización criminal.
Según el Ministerio Público, los detenidos estarían involucrados en el reclutamiento de menores de edad, principalmente niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La finalidad era explotarlas sexualmente en redes clandestinas.
El fiscal a cargo, Marcelo Soto, explicó que el modus operandi incluía amenazas y coerción psicológica para someter a las víctimas. “La organización actuaba de manera sistemática, captando a menores mediante engaños y promesas falsas. Y luego las sometía a condiciones infrahumanas”, detalló Soto.
Pruebas contundentes contra los acusados
En la audiencia se presentaron pruebas que respaldan las acusaciones, incluyendo testimonios de víctimas, registros audiovisuales y comunicaciones interceptadas. Todas demuestran fehacientemente la participación de los imputados en la coordinación de actos de explotación sexual.
La defensa de los acusados solicitó medidas cautelares menos gravosas, argumentando la falta de antecedentes penales de algunos imputados. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición, considerando la naturaleza de los delitos y el impacto en las víctimas.
Redes criminales bajo vigilancia
El caso puso nuevamente en evidencia la preocupante expansión de organizaciones criminales internacionales, como el Tren de Aragua, en territorio chileno. Estas estructuras no sólo operan en tráfico de drogas y armas, sino también en delitos asociados a la explotación de personas.
Diversas organizaciones sociales han manifestado su apoyo a las víctimas y sus familias, exigiendo que se aplique todo el rigor de la ley contra los responsables. Mientras tanto, el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días para profundizar en las pesquisas y determinar posibles vínculos con otras redes internacionales.