El CDE se querella contra la representante legal de la Fundación ProCultura
Se acusa a María Constanza Gómez Cruz de apropiación indebida de más de 511 millones de pesos destinados a campamentos y un barrio de Antofagasta.
Por EL ÁGORA / Fotos: ARCHIVO
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación ProCultura. Por intermedio de su Procuraduría Fiscal de Antofagasta, el ente acusa a María Constanza Gómez Cruz como autora del delito consumado de apropiación indebida.
Esto, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos.
El CDE asevera que el delito se configura en cuatro transferencias de recursos entre la Fundación y la seremi de Vivienda y Urbanismo y Serviu. Todo esto, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta. A lo que se añadió un quinto traspaso, en el marco del Programa de Recuperación de Barrios, por un total de 545 millones de pesos.
La querella se justifica en el artículo 470 número 1, en relación con el artículo 467 del Código Penal, que establece que se aplicarán penas privativas de libertad “a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla (…)”.
Los convenios buscaban la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Moisés, Betzabet, Arca de la Alianza e Israel. Y también para la implementación de la primera fase de recuperación del barrio Villa Chica, todos en Antofagasta.
Según la investigación, una vez suscritos los convenios, se procedió a transferir en una cuota los recursos fiscales a la Fundación ProCultura.
Sin embargo, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades se detectó una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas, que conllevaron a que la Seremi procediera a ponerles término anticipado.
Además, se observó el arriendo de oficinas por parte de ProCultura, “cuyo valor excedía con creces el valor de mercado, sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto”.
Añade que correspondía que “Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados, lo que no ocurrió”.
Por todo lo anterior, el CDE indicó que ProCultura “distrajo y se apropió indebidamente de 511.058.002 pesos de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios”.
