Brasil: Bolsonaro es inhabilitado de ejercer cargos públicos por ocho años
Los jueces del Tribunal Superior Electoral votaron 5-2 a favor de volver inelegible al ex mandatario por sus críticas al sistema de votaciones brasileño.
Por ANDRÉS ALBURQUERQUE / Foto: ARCHIVO
El futuro político de Jair Bolsonaro es incierto, luego de que los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) votaran por prohibirle ejercer cargos públicos durante ocho años, luego de ser acusado de emitir ataques al sistema electoral brasileño.
El TSE está juzgando al ex presidente ultraderechista por “abusar de su cargo” y hacer acusaciones infundadas sobre fallos de seguridad en el sistema de voto electrónico de Brasil ante medios de comunicación estatales, redes sociales y embajadores de varios países.
Hasta el viernes, tres jueces habían fallado en contra del presidente, y hoy se sumaron los veredictos de la jueza Cármen Lúcia (con lo que la balanza se inclinó definitivamente), y el titular del organismo, Alexandre de Moraes.
Este señaló en su fallo que la sentencia es una respuesta “al degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación no sólo en Brasil, sino en todo el mundo, con el único objetivo de engañar a los electores”. Moraes recordó que durante 40 años Bolsonaro fue elegido con el sistema que ahora cuestiona.
Antes emitieron opiniones en contra el juez principal del caso, Benedito Goncalves, además de Floriano Marques y André Tavares.
El magistrado Nunes Marques votó en contra, como antes lo había hecho Raúl Araujo, quien estuvo a favor de la absolución.
Los fiscales del caso han relacionado las declaraciones de Bolsonaro con la invasión del palacio presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo por parte de sus partidarios el 8 de enero, una semana después de la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Lula había derrotado a Bolsonaro, de 68 años, en las elecciones de octubre pasado.
Así, Bolsonaro no podrá ejercer cargos públicos durante ocho años, lo que significa que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, y sólo podría volver al ruedo en 2030 o 2031.
El político dijo en Belo Horizonte que “es una injusticia conmigo. No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme mis derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable”, insistió ante la prensa.
La defensa del ex presidente anticipó que apelará a la condena ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, pero en Brasil se da por supuesto que las probabilidades de que la condena sea revertida es escasa o nula. De esta manera, la inhabilitación plantea a la derecha brasileña el difícil reto de encontrar un líder que pueda mantener unido su variado electorado.
“Su ausencia en las elecciones deja un vacío, y ese vacío tendrá que ser ocupado por alguien”, dijo Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas. Mientras su colega Fernando Limongi, en entrevista con el periódico Folha de Sao Paulo, cree que “era preferible tener a Bolsonaro en el mercado electoral y que sea derrotado, a que los jueces asuman esa posición”.
Las acusaciones surgieron por una reunión televisada que Bolsonaro mantuvo con diplomáticos extranjeros en la residencia presidencial, en julio de 2022, tres meses antes de su derrota ante Lula.
Bolsonaro dedicó casi una hora a exponer sus argumentos, armado con una presentación en PowerPoint, pero sin pruebas contundentes que respaldaran sus afirmaciones acerca de que las máquinas de votación electrónica -en uso desde 1996- comprometían la transparencia de las votaciones.
El ex presidente mantiene otros frentes judiciales abiertos. También es investigado por alentar el ataque más grave sufrido por la democracia brasileña desde el fin de la dictadura, en 1985. Miles de sus seguidores asaltaron, ante la indiferencia de militares y policías, el corazón del poder político y judicial en Brasilia el 8 de enero, emulando el asalto al Capitolio de los seguidores de Donald Trump.
Bolsonaro condenó la invasión, pero existen fuertes indicios de que algo se gestaba en su círculo más íntimo. Tanto a su ayudante personal más cercano, un militar, como a su ministro de Justicia se les han incautado borradores de minutas para perpetrar un golpe de Estado, y ambos están en la cárcel.
También está en la mira de los tribunales por su gestión durante la pandemia de coronavirus, que mató a más de 700 mil brasileños y en la que según dictaminó el Senado cometió crímenes contra la humanidad. Por último, está acusado de manipular su certificado de vacunación y de quedarse con valiosísimas joyas regaladas por Arabia Saudí al Estado brasileño.
