Los Consejos de Presidentes son a puertas cerradas y las actas un verdadero “secreto de Estado”. El personero que quiera solicitar información acerca de lo tratado debe, además de mandar una carta al Directorio y pedir sólo el párrafo específico de su interés, firmar un acuerdo de “confidencialidad” acerca de la información entregada. El objetivo es obvio: mantener un secretismo que resulta tan criticable como sospechoso.